La represión ocurrida en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) volvió a poner en el centro de la escena el conflicto por los despidos masivos y el ajuste en organismos del Estado. Tras los hechos, desde ATE Capital (Asociación Trabajadores del Estado) confirmaron su presentación ante la Justicia para denunciar lo ocurrido y exigir garantías para el ejercicio de la actividad gremial.
El episodio se produjo en el marco de una jornada de protesta dentro del predio del organismo, donde trabajadores y trabajadoras realizaban una asamblea. Según denunciaron, fuerzas de seguridad ingresaron al lugar y reprimieron con gases y balas de goma, dejando personas heridas, algunas con quemaduras en el rostro y los ojos.
Desde el sindicato que nuclea a los trabajadores estatales calificaron el hecho como “de extrema gravedad”, no solo por las lesiones provocadas sino por lo que implica en términos institucionales. “La irrupción de fuerzas de seguridad dentro de una asamblea constituye una violación a la libertad sindical, un derecho constitucional básico”, señalaron.
En esa línea, la delegada del INTI y miembro del consejo directivo de ATE Capital, Cecilia Tortora, remarcó en diálogo con Revista Trinchera, que la gravedad del hecho y lo vinculó con antecedentes recientes:“Lo que pasó el 28 de abril fue que, a 10 años de la represión dentro del Borda, donde reprimieron trabajadores y pacientes, ahora reprimieron trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros le habíamos pedido la renuncia al presidente después de haber anunciado más de 600 despidos en el INTI”.
La intervención de Gendarmería se dio, según reconstruyen desde el conflicto, para garantizar la salida del presidente del organismo, Miguel Romero, en medio del reclamo de los trabajadores. Sin embargo, para ATE Capital, el accionar abre la puerta a posibles responsabilidades penales, como abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El trasfondo del conflicto es el anuncio de una reestructuración que implicaría entre 1000 y 1500 despidos. Según detalló Tortora, el recorte se inscribe en un proceso más amplio: “Este gobierno empezó con una plantilla de 3100 trabajadores, ahora somos 2300, y de esos quieren sacar a un poco más de 600 personas”.
Para los trabajadores, el ajuste no es aislado sino parte de una política general: “Esto tiene que ver con una planificación de destrucción del Estado. Primero avanzaron sobre programas sociales, después con el congelamiento de salarios y jubilaciones, siguieron con la quita de medicamentos y ahora están en la etapa final: la destrucción del sistema de ciencia y técnica de la Argentina”, detalló la delegada a este medio.
En ese sentido, el impacto excede al propio organismo. Desde ATE advierten que los recortes alcanzan a instituciones estratégicas como el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, la ANMAT y el CONICET, donde se frenaron ingresos y se limitaron carreras de investigación.
El INTI, explican, sostiene un rol clave en ese entramado, ya que “cumple funciones esenciales para la seguridad y el desarrollo industrial del país, como el control de alimentos, materiales y el apoyo a emprendimientos para escalar su producción. Son servicios que los laboratorios privados no pueden reemplazar sin encarecer costos ni garantizar el interés público” explicó Tortora.
Además, la delegada sostuvo que el organismo es fundamental para el desarrollo productivo y tecnológico: “El INTI impulsa economías regionales, exportaciones de nicho, investigación y transferencia tecnológica a la industria. Todo esto está siendo afectado por un ‘industricidio’ bajo la idea de que el Estado no debe intervenir”.
Para los trabajadores, este desmantelamiento no solo afecta el presente, sino que compromete el futuro: “Se están recortando fondos, bajando salarios y provocando renuncias en instituciones claves. Esto dificulta reconstruir el sistema científico y tecnológico y reduce la capacidad del país para enfrentar desafíos como la revolución tecnológica y la inteligencia artificial”.
Mientras tanto, las asambleas continúan como forma de organización frente al conflicto. Desde ATE Capital insisten en que se trata de espacios legítimos de deliberación colectiva, cuya represión no puede ser tolerada en un Estado de derecho. El reclamo sigue en pie: frenar los despidos, garantizar el funcionamiento del organismo y defender el derecho a la organización sindical.
