Desde hace varios años el poder judicial ha sido objeto de críticas, no solo por su ineficiencia, lentitud, sino por su inaccesibilidad, distancia e incluso contrariedad con los intereses populares y mayoritarios. Ya el Martin Fierro describió esa realidad cuando decía: "La ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y sólo enreda a los chicos”. O que la ley es como la serpiente, que solo pica a los descalzos.
Más allá de la selectividad de la justicia con los sectores desposeídos, también se ha mostrado como un recóndito y refugio de sectores oligárquicos y conservadores frente a las avanzadas de gobiernos populares. Cabe recordar que cuatro días más tarde del golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre del año 1930, la Corte Suprema convalidó y reconoció la “legalidad” del gobierno de facto de José Félix Uriburu. De allí en adelante, el poder judicial y en particular el máximo tribunal legitimó o presto anuencia frente a todos los atropellos a los derechos democráticos. Desde el accionar del intervenido poder judicial para perseguir dirigentes peronistas durante la proscripción, como la inacción frente a las desapariciones forzadas durante la última dictadura militar hasta llegar a la actualidad donde las oficinas judiciales han sido teatro de operaciones de lo que actualmente se denomina el Lawfare , no solo a nivel local sino también a nivel regional. La más reciente, fue el accionar de la Corte Suprema para acelerar la confirmación de la condena de la ex presidenta y líder mayoritaria de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner luego de que anunciara su candidatura a diputada provincial.
El hecho maldito del poder judicial:
En el año 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner envió un paquete legislativo con reformas judiciales, el cual se denominó la “Democratización de la Justicia”. Entre los puntos del proyecto, se incluían la reforma del Consejo de la Magistratura cuyos miembros pasarían a ser votados y el aumento en la cantidad de integrantes de trece a diecinueve. El proyecto de ley también proponía limitar las medidas cautelares a un plazo máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo, evitando que se terminen las cautelares contra las distintas medidas, como la que tuvo el grupo Clarín contra la Ley de Medios. Por otro lado se establecía la democratización del ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público, rompiendo privilegios de la “famiglia judicial”. Y por último aumentar el número de Cámaras de Casación para descongestionar a la Corte Suprema.
Sin duda esta reforma queda chica, si vemos el ejemplo reciente de México donde a partir de la reforma judicial son los mismos jueces los que son elegidos con el voto popular. Parece ser este uno de los horizontes para liberar al país del flagelo que implicó un poder judicial opaco y ligado desde siempre a los grupos concentrados de la economía.
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