La situación social en Argentina atraviesa un nuevo capítulo de tensión luego de que miles de jubilados se manifestaran frente al Congreso Nacional en reclamo de un aumento de emergencia y mejores condiciones de vida. Las protestas, que se repiten cada miércoles, tuvieron esta semana una nueva y preocupante respuesta por parte del gobierno de Javier Milei: represión y silenciamiento.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció su apoyo activo a las movilizaciones y convocó a una marcha masiva el próximo 9 de abril en solidaridad con los jubilados. Además, organizará un paro general de 36 horas a partir del 10 de abril, en repudio a las políticas económicas del Ejecutivo, que, según los sindicalistas, han empujado a los sectores más vulnerables —entre ellos, los adultos mayores— a condiciones de vida insoportables.
“Exigimos paritarias libres, un aumento de emergencia para los jubilados y el cese inmediato de la represión ordenada por el gobierno nacional”, expresó el cotitular de la CGT, Héctor Daer, en una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo Directivo del sindicato. La declaración fue acompañada por un duro cuestionamiento al Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, por los actos de violencia contra manifestantes y periodistas durante la movilización de la semana anterior.
Entre los casos más graves figura el del fotógrafo Pablo Grillo, brutalmente agredido por fuerzas de seguridad federales mientras cubría las protestas. La CGT anunció que recibirá a su padre, Fabián Grillo, en señal de respaldo y solidaridad.
Las protestas no surgen en el vacío. La raíz del descontento social tiene un claro responsable: el modelo libertario que encabeza Javier Milei. La liberalización indiscriminada de la economía, el desfinanciamiento de la obra pública y la eliminación de programas sociales básicos han afectado de manera directa a los sectores de menores ingresos. En particular, los jubilados han visto sus haberes congelados o erosionados por la inflación sin la actualización del bono extraordinario de 70.000 pesos prometido por el Congreso.
A ello se suma una serie de decisiones económicas adoptadas por el Ejecutivo que profundizaron el deterioro del poder adquisitivo de los adultos mayores. La suspensión por decreto de la fórmula de movilidad jubilatoria dejó a millones de jubilados sin aumentos reales en los primeros meses del año.
En paralelo, el gobierno eliminó los subsidios al transporte y recortó recursos del PAMI, dificultando el acceso de los mayores a medicamentos y atención médica. La fuerte devaluación del peso, combinada con la liberalización de precios y la eliminación de controles sobre productos esenciales, disparó los valores de alimentos y remedios, obligando a muchos jubilados a elegir entre comer o tratarse. Además, con la paralización de obras públicas —incluidas viviendas sociales y hospitales—, se cancelaron o suspendieron servicios clave destinados a personas mayores en situación de vulnerabilidad.
“Hay obras paralizadas en un 80 %, muchas de ellas de viviendas sociales. Los jubilados tienen que elegir entre comer o comprar medicamentos. Este ajuste no es técnico, es ideológico”, remarcó Daer.
El descontento ha ido en aumento y la CGT no descarta futuras acciones si el gobierno persiste en su línea de ajuste. La situación de los jubilados se ha transformado en el símbolo de un país en crisis, donde las recetas ultraliberales están dejando profundas huellas humanas.
Dragan Bukovički
Escritor, poeta y traductor serbio. Editor de la publicación “Dos del sur”
