Aníbal Viguera es profesor en Historia, Licenciado en Sociología y Doctor en Ciencias Sociales. Entre los años 2010 y 2018 fue decano en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, dónde también se desempeña como docente. Actualmente es el secretario académico de la UNLP.
Revista Trinchera: Nos encontramos atravesando tiempos revueltos en nuestro país, signados por diversos conflictos sociales-sectoriales impulsados por las medidas de ajuste del gobierno nacional. En ese marco, el gobierno ha elegido avanzar sobre las universidades nacionales ¿Cómo ves la situación del sistema universitario en la actualidad? ¿Qué impactos tiene este escenario general en la comunidad universitaria?
Anibal Viguera: La situación actual del sistema universitario -muy vinculada a la del sistema de ciencia y tecnología- es gravísima, como lo es la de todo el esquema de funciones estatales que sostienen las políticas públicas de cobertura y seguridad social y de distribución del acceso a la educación, a la salud, y al bienestar en general. Un eje central de las políticas del gobierno de La Libertad Avanza es justamente una drástica reducción de ese tipo de gastos -y funciones- del Estado, que va más allá de la pretensión coyuntural de contribuir al equilibrio fiscal. En el caso de las universidades nacionales, la expresión más dura del ajuste es la pérdida del 40% que han sufrido los salarios reales de trabajadores docentes y nodocentes desde diciembre de 2023, reconocida explícitamente en los fundamentos mismos del decreto por el cual se veta la Ley de Financiamiento Universitario. Al mismo tiempo, los denominados “gastos de funcionamiento” (todo lo que no es salarios) se van recortando de manera también muy preocupante, en la medida en que los aumentos recibidos se retrasan cada vez más frente a los precios y tarifas que deben afrontar las universidades para cumplir adecuadamente sus tareas de enseñanza, investigación y extensión. Las universidades públicas han seguido “funcionando” entonces, pero a costa de salarios muy deteriorados y en condiciones cada vez más precarias en lo que hace a equipamiento, infraestructura, mantenimiento, políticas de bienestar estudiantil, etc. ¿Hasta qué niveles puede llegar este deterioro presupuestario? ¿Se trata sólo de “poder funcionar”? (todos queremos que la universidad pública siga abierta, y ese es un gran dilema para sus trabajadores y autoridades). ¿O es imperioso defender el funcionamiento en condiciones dignas y con un presupuesto que acompañe el crecimiento constante de las tareas de una institución que -jugando con las palabras- sí “derrama” de manera automática beneficios para el conjunto de la sociedad? No estamos defendiendo una aspiración corporativa, estamos reivindicando el sostenimiento de lo público en su conjunto y en particular un acceso creciente al derecho a la educación superior. En efecto, el deterioro presupuestario de las universidades va acompañado de discursos que atacan la idea misma de lo público, de lo estatal, y en particular de la universidad pública, deslegitimando su modo de funcionar, y desconociendo su valor social en el marco de un análisis meramente eficientista de “costo-beneficio”. Cabe pensar que no está en juego solamente una política económica de reducción de gastos sino la concepción misma de la universidad pública.
El impacto de todo esto en la comunidad universitaria es enorme. Los trabajadores deben recurrir a otros empleos para llegar a fin de mes -muchos incluso están renunciando a la universidad-; la posibilidad de seguir formándose a través del sistema de ciencia y técnica, que alimentaba la posibilidad de contar con una planta de docentes-investigadores con alto nivel de formación científica y de posgrado- se ha visto drásticamente reducida, por ejemplo, por el derrumbe en la cantidad de ingresos a la carrera del CONICET. Y los estudiantes, por supuesto, sufren las consecuencias de todo este deterioro, sumado a las crecientes dificultades que encuentran muchos de ellos para poder seguir estudiando debido a la caída de sus propios ingresos o de los de sus familias, a los altos costos de los alquileres y el transporte, entre otros factores que los atraviesan en el marco de las políticas de ajuste.
RT: ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias que dejará este proceso en el sistema universitario? ¿De qué modos o a partir de qué herramientas considerás que se podrán revertir esas consecuencias?
AV: Hay consecuencias de todo este proceso que lamentablemente quizá no se puedan revertir, y me refiero especialmente a las decisiones de los estudiantes que se ven llevados a abandonar el ámbito de la universidad pública. Esas historias de vida quizá hayan perdido definitivamente la oportunidad de acceder a los estudios universitarios, porque los rumbos no son siempre fácilmente reversibles una vez que se toma una decisión. También puede ser difícil que muchos graduados y docentes recuperen las oportunidades, hoy perdidas, de acceder a nuevos niveles de formación. Por eso creo que es fundamental sostener el reclamo por el presupuesto universitario, vinculándolo cada vez más al conjunto de las luchas que expresan el deterioro del sector público y también de los ingresos de los trabajadores en su conjunto. En ese marco, es clave sostener la legitimidad que sigue teniendo la universidad pública, mostrando que defenderla es defender mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad, y también la posibilidad de construir un rumbo de desarrollo soberano para el país. La universidad pública es formación de profesionales, pero también es producción pública y soberana de conocimiento científico, es transferencia de conocimientos y saberes, es presencia en los territorios, es construcción de lazos solidarios, es producción de comunidad.
RT: A nivel académico, en distintas facultades se ha debatido la creación de títulos intermedios como una demanda del estudiantado para, entre otros motivos, acceder al mercado laboral. ¿Cómo analizás esa demanda? ¿Cómo se puede hacer convivir la urgencia de muchos por avanzar en sus recorridos académicos, con la necesidad de que no haya contenidos que se pierdan o sean recortados?
AV: Desde mi punto de vista, la cuestión de los títulos intermedios debe enmarcarse en una problemática más amplia, que es la de cómo hacemos las universidades públicas para que más y más estudiantes accedan al egreso con un título habilitante. Y eso no se resuelve, creo, con propuestas simples y homogéneas que sean válidas para todas las carreras. No se trata, por ejemplo, de que “las carreras universitarias tienen que ser más cortas”, como axioma general. Se trata sí de abrir la discusión, carrera por carrera, para analizar qué innovaciones podemos producir en la oferta de titulaciones que signifiquen más posibilidades de egreso, pero sin sacrificar ni la calidad de la formación ni la subsistencia de las carreras de grado que deben seguir teniendo la duración actual de 5 o 6 años porque la formación profesional integral que brindan así lo amerita. En ese sentido, en la UNLP hablamos del programa “+EGRESO”, que contempla al menos tres tipos de políticas, una de las cuales es justamente la de explorar nuevas ofertas de títulos “más cortos” en el marco de los trayectos hoy existentes.
En ese marco la propuesta de crear “títulos intermedios” viene teniendo creciente aceptación en varias facultades. Durante el último año se han aprobado, con apoyo de todos los claustros, títulos intermedios en seis carreras de dos facultades, que se sumaron a los siete que ya existían desde hace muchos años. Otras facultades están explorando alguna alternativa de este tipo, y en otras en cambio se la considera inconveniente o inviable de acuerdo al perfil disciplinar o profesional en cuestión. Yo no veo a los títulos intermedios en clave de “atender a necesidades del mercado laboral”, al menos no necesariamente ni en todos los casos. Lo veo como una ampliación de oportunidades de egreso ; como la posibilidad de otorgar un título que exprese y certifique una formación significativa a estudiantes que han aprobado un porcentaje importante de una carrera de grado. Sabemos que, en todas las carreras, por motivos que en buena medida se nos escapan, hay una cantidad grande de estudiantes que abandonan aun después de haber aprobado dos, tres, o hasta cuatro años en ella. El título intermedio podría significar reconocerles esa formación adquirida, de modo que pueda servirles como herramienta complementaria para encarar horizontes vitales diversos. El riesgo de que una vez obtenido el título intermedio no continúen con la carrera de grado ya existe hoy, y se manifiesta en los altos niveles de deserción; quizá, contrariamente, el impulso de llegar hasta esa instancia pueda servir de estímulo para luego retomar la carrera completa. Insisto en que esta es una alternativa que debe analizarse caso por caso, carrera por carrera, y buscando amplios consensos entre los claustros.
También está la posibilidad de crear ex novo carreras “de pregrado”, en general denominadas “tecnicaturas”, con una duración mínima de dos años -con mayor o menor vinculación con las carreras de grado existentes, según los casos-. En los últimos años, casi todas las nuevas carreras creadas en la UNLP han sido tecnicaturas, y en esos casos sí, la decisión tuvo que ver con la previa identificación de una necesidad de formación que se veía como emergente, aunque no necesariamente en el sector privado, sino también, y, sobre todo, en el público o en el ámbito de los territorios y de las organizaciones sociales. También se creó recientemente una carrera nueva, de grado, de 4 años. En otras dos carreras, este mismo año, se decidió modificar los planes de estudio para que pasen de una duración teórica de 5 años a una de 4, vinculando esa modificación a la posibilidad de acceder gratuitamente a una formación de posgrado complementaria, en un esquema que podemos sintetizar como de “4+1” o “4+2” según se vinculen una carrera de grado con una de especialización o una de maestría. Todas estas opciones pueden ser polémicas, pero creo que vale la pena discutirlas situadamente y sin prejuicios o cancelaciones a priori.
RT: La actual gestión de la Universidad viene trabajando mucho en torno al egreso. ¿Cómo pensás esa instancia? ¿Se puede hacer una valoración y un reconocimiento de las trayectorias incluso cuando no se llegue a la instancia del egreso? Hace algunos años, pero en particular en la actualidad, se extiende un discurso que compara cuantitativamente ingreso y egreso de la universidad para marcar los déficits de la educación superior pública en Argentina. ¿Qué opinas de esa comparación?
AV: Como decía antes, en la UNLP le damos un lugar central a un conjunto de políticas destinadas a acompañar las trayectorias estudiantiles para que, como resultado de máxima, sean cada vez más los estudiantes que culminan exitosamente una carrera universitaria. Es válido, creo, considerar que el solo paso, durante al menos un tiempo, por la universidad pública, ya implica una formación y un beneficio para cada persona más allá de que se reciba o no. Pero desde el punto de vista de la institución no ponemos el énfasis en eso: al contrario, como señala siempre enfáticamente Fernando Tauber -impulsor clave de estas políticas- nuestra responsabilidad es procurar por distintos medios que más estudiantes puedan transitar exitosamente hasta el final de cada carrera que han emprendido. Aunque la medición en términos de comparar “ingreso con egreso” resulta cuestionable y en algunos casos estadísticamente insostenible (comparar el egreso de un año con el ingreso del mismo año es comparar peras con manzanas; más sentido tiene quizá comparar el grueso de un año con el ingreso, de por ejemplo, 7 u 8 años antes, cuando se supone que entraron a una carrera quienes hoy la terminan…), nosotros partimos de la base de que necesitamos aumentar la cantidad de personas que egresan, porque los datos actuales no nos resultan satisfactorios. Y no es una insatisfacción -y tampoco una crítica- eficientista, sino una aspiración social, política, académica; queremos trabajar para despejar todas aquellas trabas que dependan de nuestras propias decisiones y prácticas institucionales, sabiendo que la deserción estudiantil obedece a numerosos otros factores que no podemos controlar.
Y ese es el objetivo del programa “+EGRESO”, que como ya dije comprende al menos tres grandes conjuntos de políticas, hoy consensuadas como prioritarias con el conjunto de las Facultades. Uno es el que ya presenté antes, la posibilidad de ofrecer nuevas titulaciones posibles de formato y duración diversos. El otro es el que desde 2018 hemos denominado PRAE (Programa de rendimiento académico y egreso), y que consiste por un lado en ofrecer a los estudiantes más oportunidades para la aprobación de materias a través de “cursadas especiales”, como son las cursadas de verano o invierno, los redictados de asignaturas a contrasemestre, o los cursos comprimidos de aprobación de materias, los trayectos alternativos de egreso, entre otros. El PRAE también incluye distintos tipos de tutorías de acompañamiento de las trayectorias, no solamente en el primer año, y también los “programas de egreso” en sentido estricto, que implican salir a buscar a las personas que han completado el 80% de una carrera y parecen haber abandonado, para ofrecerles alternativas posibles para que aprueben las pocas materias que les quedan pendientes o para que puedan realizar con un apoyo académico específico el trabajo final que adeudan, muchas veces una traba que parece irremontable.
El tercer conjunto de políticas que impulsamos desde la presidencia, y que como en todos los casos depende de las decisiones que se tomen en cada Facultad, implica revisar las prácticas curriculares y los planes de estudios para detectar y modificar todo lo que pueda significar una traba innecesaria en las trayectorias estudiantiles. Un ejemplo clásico son los cambios que se han hecho en el sistema de correlatividades de muchas carreras. Pero también se han revisado los alcances y exigencias de los trabajos o prácticas finales de carrera, buscando alternativas que resulten más accesibles. Sin caer en aquel axioma de “acortar carreras”, sí se ha impulsado la posibilidad de revisar aquellas cargas horarias o de contenidos que puedan resultar excesivos en algún tramo de una carrera, de modificar los planes de estudio teniendo un ojo en evitar la superposición innecesaria de temas, o de incorporar cierta flexibilidad en los mismos para reconocer un cierto porcentaje de trayectos optativos que los estudiantes puedan acreditar de maneras diversas o incluso en ámbitos extracurriculares.
RT: Creemos que para salir del escenario actual es necesario construir un proyecto de país que vaya más allá del simple antagonismo con el gobierno nacional. En este sentido, ¿qué ideas o propuestas pensás que deberían formar parte del debate sobre el presente y el futuro de la educación superior?
AV: Si bien en lo inmediato es fundamental que se reviertan las políticas de ajuste sobre el sector público, y en particular sobre la universidad, coincido en que en última instancia la problemática de la universidad pública está atada a la construcción de un modelo de sociedad que la contenga sin contradicción. Pienso en ese sentido en una sociedad ordenada por horizontes de igualdad, de inclusión, de (re) distribución del ingreso, de justicia social, de planificación, de ampliación del lugar de lo público y lo colectivo, de reivindicación del rol de las organizaciones populares y de alternativas de vida no mecantilizadas, y en ese marco, el rol del Estado se vuelve un eje articulador fundamental y no una estructura a reducir (más allá de la corrección de distorsiones a las que sin duda habrá que prestar atención). Una política tributaria progresiva, que apunte a obtener más ingresos a partir del gravamen de las grandes fortunas y rentabilidades, es, creo, un punto de partida fundamental en ese sentido. Hoy se ha naturalizado que para lograr el equilibrio fiscal (un objetivo que hasta cierto punto podríamos compartir) es necesario “bajar el gasto”, y en ese marco a la defensa de la universidad pública se la lleva puesta el eslogan de lo “imposible”, o incluso de lo “injusto”, dado que “todos debemos sacrificarnos”. Revertir ese sentido común es parte central del debate en el que la universidad puede y debe jugar un rol. Es legítimo que, sin sacrificar la pluralidad de voces, las universidades públicas formen parte del debate político sobre un modelo alternativo de sociedad.
