A la hora de pensar en un “bien común” sea cual fuere, una manera de analizar si es común (de todos) o si por el contrario es de una minoría, es revisando su estatus en la cadena de valor en una economía determinada. Como lo que nos compete en este caso es Argentina, cada bien que se ponga sobre la mesa será dentro de estos límites en la mayoría de los casos.
En este sentido, durante esta nota nos abocaremos a los bienes que se extraen en la minería, ese rubro que hoy está en auge a nivel internacional y en Argentina sobre todo, desde el descubrimiento de algunos pozos como Vaca Muerta a partir de la recuperación de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el año 2012.
Argentina ha tenido lapsos de alta industrialización interrumpidos constantemente, dependiendo la política productiva del gobierno de turno, ya que varios decidieron descansar en la aceitada dinámica del sector agroexportador primario. Ese lugar siempre marcó para el Banco Central la posibilidad de divisas frescas (si es que una cosecha no arruina los planes).
Sin embargo, el alto precio de los commodities mineros como litio, cobre u otros, sumada a la importancia estratégica que el siglo 21 presenta para la energía, ha desembocado en la posibilidad de que, de la misma manera que se descansó en el ‘agro’, se lo haga en el sector minero, lo cual genera de manera encadenada un extra-activismo.
Hoy, el gobierno nacional dirigido por el actual presidente, Javier Milei, apunta todos sus cañones a estabilizar la macroeconomía con la llegada de divisas frescas de este sector. Desde iniciado su gobierno ha tenido una clara tendencia en el sentido anti industrialista: poca o nula inversión en el sector, tipo de cambio a la ‘baja’ y apertura de importaciones indiscriminada que destruye diversos sectores.
Al mismo tiempo, el Régimen de Incentivos para Grande Inversiones (RIGI) facilita a empresas extranjeras la extracción de los recursos nombrados anteriormente sin la necesidad siquiera de contratar trabajo argentino, y desde allí se producirían dos situaciones: lo que sale del suelo se vendería rápidamente ingresando divisas rápidas, a costa de no ser utilizado para impulsar el mercado interno, y por ende, se reduce el trabajo en la Argentina. Todo esto dicho en potencial, ya que el gobierno aún no recibió la “lluvia de inversiones” que esperaba, tanto es así que acaba de renovar este paquete de mega beneficios por un año más.
¿Desde cuándo Argentina es extractivista?
Como se mencionó antes, la Argentina ha oscilado entre el intento de industrializarse o reposar en commodities. Si el período agroexportador, como lo dice su nombre, lo hizo en el agro, exportando las materias primas que provenían de ella, en gran parte del siglo XX la política ha utilizado -por voluntad o por obligación- otras materias primas para priorizar primero la industrialización y luego la exportación.
El siglo XX entonces inició en esta materia muy temprano, en 1907 para ser exactos, con el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia. Si bien aún gobernaba el partido único del PAN (Partido Autonomista Nacional), hacía menos de diez años había surgido un partido de férrea oposición llamado Unión Cívica Radical, que denunciaba el fraude en la votación para mantener un modelo primario que daba de comer a muy pocos argentinos.
La sanción de la Ley Sanez Peña (1912) que garantizaba el voto secreto, generó las condiciones para que la UCR sea victoriosa años después con Hipólito Hirigoyen como presidente. A partir de 1916 comenzaría entonces otra relación con los recursos. El gobierno radical, dispuesto a generar mejores condiciones sociales, le dió un marco de empresa al pozo descubierto en Comodoro Rivadavia bajo la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF, 1922), a cargo del ingeniero designado, Enrique Mosconi.
Si bien el modelo primario estaba enquistado, esta empresa sería un grán acierto a largo plazo para los siguientes períodos, incluso hasta la actualidad. Además, Mosconi abordó su gestión desde una óptica de protección de los recursos para su uso soberano.
El fin del radicalismo de Hipólito Hirigoyen llegó con el primer golpe de Estado de la Argentina en 1930. La vocación de la denominada década infame era la de seguir destruyendo el mercado interno, como lo marcó el pacto Roca Runciman, el cual preveía que la Argentina debía deshacerse de sus frigoríficos en el mercado interno y exportar al Reino Unido. SIn embargo, la crisis mundial persistente entre la caída de los mercados mundiales y el preludio de la segunda guerra mundial, obligó al país a comenzar el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), es decir, producir lo que el mundo ya no podía venderle al país por estar en crisis.
Este modelo fue heredado por la presidencia de Juan Domingo Perón, quien, decidido a profundizarlo, creó el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio). Desde este sistema, el Estado podía controlar y planificar no solo la distribución del agro en el mercado interno y externo, sino, como utilizar la energía, el gas y otros comoditties extraídos por YPF para bajar los costos de la producción industrial y fomentarla. Tal es el caso que Estados Unidos temía a la Argentina como único posible competidor regional, y por lo mismo envía a Braden a competir con Perón en las elecciones, representando a todo el arco opositor denominado Unión Democrática (liberales, socialistas, radicales, entre otros)
Es entonces cuando Argentina comenzó su período de industrialización más alto durante los diez años de gobierno de Juan Domingo Perón. Con la estatización definitiva de YPF, y el IAPI como brazo ordenador del Estado, el gobierno reinvitertía las ganancias extraordinarias del agro para acelerar el crecimiento del sector industrial, con un respaldo energético garantizado por YPF.
Sin embargo, las sequías del inicio de la década del 50 hicieron que el agro pasara a ser el lugar que el IAPI debió socorrer, y no de donde sobraba excedente, lo que dió paso a un ajuste en los incentivos industriales y en el general de la economía, así como también a una tormenta aprovechada por una oposición golpista que bombardeó en 1955 a su propio país.
A partir de este cruento hecho, Argentina regresó a la tendencia antidemocrática. La Revolución Libertadora (1955) y la Revolución Argentina (1966), y los períodos de pseudo democracia de Arturo Frondizi y Arturo Illia no tuvieron intenciones de continuar con este proceso de reinversión del agro a la industria. Tal vez los últimos con la idea de desarrollismo en parte. No obstante, la matriz industrial se mantuvo en eje hasta el golpe final llamado Proceso de Reorganización Nacional, que introdujo de manera marcada el neoliberalismo en la Argentina.
Con un tipo de cambio fijo que encarecía la producción interna y la apertura de importaciones, la industria se deterioró de manera acelerada junto con el trabajo, y se reinstalaron las bases de dependencia del sector primario. Si bien la democracia vió la luz con Raúl Alfonsín como presidente en 1983, el esquema económico prácticamente fue el mismo. Sin respuestas a la falta de trabajo y la creciente pobreza, y con la profundización de la hiperinflación heredada de la propia dictadura, Alfonsín salió 6 meses antes del fin de su mandato y del inicio de la década del 90.
La década del 90 inauguró en la Argentina el comienzo y el fin de muchas lógicas en diversas vertientes que componen el funcionamiento del país, y, muchas de ellas se vieron tajeadas por el mismo filo: la ‘balcanización’ de planificaciones fundamentales del país en las distintas provincias. Así como en educación, la decisión sobre qué hacer con el suelo y los minerales se transfirió a cada comuna, atadas a una mínima regalía que debía quedar para la provincia en cuestión, a razón del 3% de lo exportado. Ello se redactó en la Ley Minera de 1993.
Si bien el presidente Carlos Menem había asumido con la promesa de “revolución productiva”, la coyuntura geopolítica de globalización, el triunfo de Estados Unidos en la guerra fría y la alineación total a este país promovieron que la salida a un nuevo desorden inflacionario sea una estabilización nuevamente con cambio fijo, y esta vez financiada por la venta de varias empresas del Estado. Argentina se deshacía, entre otras, de YPF. Al mismo tiempo, fijaba la Ley Minera.
Tanto el artículo número 4 como el 22 de senda ley explican la composición de la minería hoy en la Argentina: por su parte, el 4 establece que “el presente Régimen de Inversiones será de aplicación en todas las provincias que componen el Territorio Nacional que hayan adherido expresamente al mismo, en los términos de la presente ley”. Contraria a la coordinación integrada de un Estado como lo era el manejo del mismo mediante el IAPI en el peronismo, esta medida balcanizó el manejo de los bienes mineros a decisión y necesidad de cada provincia. Si bien es una medida federal, empuja al extractivismo, ya que la previa desigualdad de ingresos en muchas provincias que, casualmente hoy son las que poseen estas commodities, desemboca en que la salida rápida y cortoplacista sea únicamente la exportación.
En segundo lugar, el artículo 22, que establece la baja regalía que cada provincia se lleva, hace aún más vulnerable esta situación, en la que cada territorio, desamparado de un proyecto integral y nacional fisura sus recursos.
“Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3 %) sobre el valor 'boca mina' del mineral extraído”, establece el mismo.
La caída laboral de este proceso explica la ridícula cifra comparativa en la que Nestor Kirchner asumió en2003 con más desocupados (23%) que votos (22%). No solo es la altísima cantidad de argentinos que quedaron sin trabajo (1 de cada 5), si no la degradación institucional que debilita la sociedad y explica el bajísimo porcentaje con el que el candidato del entonces Frente Para la Victoria había triunfado.
En efecto, si bien el kirchnerismo aprovechó el tan recriminado buen excedente que el agro dió durante sus primeros años de gestión para reestablecer una parte del sector industrial, y con ello el trabajo, no existió un plan totalitario que pudiera revertir la base enquistada durante los casi 30 años de políticas puramente orientadas al sector financiero.
En 2011 la expansión de la economía y el sector industrial tocó su techo, quedando estancado el crecimiento en varios índices como el Producto Bruto, al mismo tiempo que el déficit energético acechaba desde hace algunos años. Argentina se había quedado sin su garantía en el sector, YPF, también fisurada durante el menemismo.
De esta manera, la entonces presidenta Cristina Fernández envió al congreso al año siguiente el proyecto con el cual el país recuperaría YPF, en una complicada riña con el fondo buitre Burford, analizada en este medio en más de unartículo.
Si el país pretendía avanzar en el estancamiento en el sector privado, necesitaba un alto grado de inversión, un proceso largo que chocaba de frente con la necesidad de divisas frescas para poder salir del cepo cambiario. La reestatización de YPF entonces, junto con el descubrimiento del pozo no convencional de Vaca Muerta, fueron utilizados en los siguientes años y gobiernos más para suplir esta falta rápida de una divisa incontrolable que para la reinversión.
El gobierno de Javier Milei llegó entonces con un nivel de extractivismo instalado en el área del petróleo, y siendo ejemplo para otras provincias. Para un liberal-libertario como el actual presidente, no hay otro camino que profundizar el modelo heredado en la materia de estos commodities, por lo que, si en el 45 Perón profundizó (por vocación) el proceso de industrialización heredado de la década infame (que lo hizo por obligación), ahora Milei profundiza el modelo minero con el RIGI (por vocación), heredado de los años anteriores, en donde no queda claro si se lo hizo por obligación o por vocación.
De hecho, el área en donde más se destacó el gobierno de Alberto Fernandez fue en la construcción de gasoductos y oleoductos, algunos para distribución interna, otros para exportación directa.
El resultado es que, provincias como Neuquen, Río Negro u otras del sur donde se desarrolla el gas y el petroleo solo exploten ése área, mientras Catamarca y Jujuy con Litio, o San Luis y otros con cobre sigan la misma senda. En síntesis, un ordenamiento que genera altas ganancias para puestos de trabajo reducidos, explicados hoy en el cierre de fábricas y pymes constantes, con trabajadores desempleados que recurren como última salvación a los servicios de aplicaciones como Rappi, Pedidos Ya o Uber, en donde la demanda ha crecido de manera exponencial durante el gobierno de Javier Milei. A esta ecuación, por supuesto hay que agregarle la cantidad de agua y energía que consumen los procesos de extracción, y sus daños colaterales al ambiente.
El desarrollo sostenido es definido como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades”. Esta definición sería una que se acerque a un pragmatismo entre el equilibrio de las necesidades de extracción de commodities y los daños ambientales que las mismas mecánicas producen. Al debate de para qué se extraen, se le agrega cómo se lo extrae. Tal vez, teniendo en cuenta estas consideraciones, nos alejemos de un modelo que solo genera trabajo para una menor cantidad de personas en el país, comprometiendo la salud y la calidad de vida de las personas que viven alrededor de los territorios en donde se extrae, y nos acerquemos a uno más sostenido en el tiempo, con más trabajo y más calidad de vida.
https://www.argentina.gob.ar/noticias/rigi-desde-hoy-las-empresas-podran-aplicar-al-regimen
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24196-594
RIGI: desde hoy, las empresas podrán aplicar al régimen |Argentina.gob.ar
