Por costumbre y necesidad, en primera instancia se realizará un breve repaso sobre los antecedentes del caso. El punto de partida de la cuestión jurídica sobre Yacimientos Petrolíferos FIscales es la privatización de la empresa en 1993, en donde, al efectuarse el hecho, se cambió su estatuto previendo que, si el Estado argentino quisiera recomprarla en un futuro, debería ofrecer la compra de la totalidad de las acciones a las empresas titulares en el momento, además de que ante cualquier problema jurídico que se desprendiera de ese hipotético movimiento debería resolverse en juzgados internacionales.
Este cambio en el estatuto de la empresa desembocó en los descalabros políticos, judiciales y también económicos que hoy merodean el tema. Por empezar, el Estado nacional efectivamente quiso recomprar la empresa. Fue en el año 2012 ante el déficit energético del país, pero no por su totalidad: la estrategia fue comprar “la mitad más uno” de las acciones, alcanzando el mínimo necesario para ser accionista mayoritario, sin tener que desembolsar una cifra mayor.
En esta acción, el Estado desoyó el cambio de estatuto de la empresa, y no le ofreció a los accionistas minoritarios la compra de sus acciones. Las empresas Petersen Energy y Eton Park no recibieron la oferta de recompra, y el fondo buitre inglés Burford compró los derechos de litigio de ambas empresas para iniciarle juicio al Estado argentino y cotizar en la bolsa de Nueva York su posibilidad de ganarlo, mientras vendía al mismo tiempo los derechos de litigio a medida que aumentaba su valor ante un hipotético triunfo del caso.
Tal y como se lee la anterior explicación, se trata de un enroscado rulo especulativo y financiero que no genera ningún valor cuantificable para ningún sector social, pero sí posibles ganancias para los compradores de estos derechos de litigios, en perjuicio del Estado argentino. Y si hablamos del Estado argentino, hablamos de todos sus integrantes: la ciudadanía integra.
La paradoja que se termina presentando en este caso es la de la empresa YPF al servicio de las necesidades del país por el déficit energético, en un lugar de bien común, y en frente, un puñado de abogados y especuladores financieros internacionales.
En ese sentido, el Estado nacional avanzó con la privatización con la certeza de que el primer sector debe estar por encima del segundo, pero además entendiendo que el cambio de estatuto de la empresa no puede estar por encima de la Constitución Nacional de un país ni sus necesidades soberanas.
Pese a las patrañas esgrimidas por los siguientes gobiernos sobre “lo incorrecto de expropiar”, por debajo los equipos jurídicos oficiales del Estado mantuvieron esta argumentación, y finalmente la misma justicia de Estados Unidos validó esta idea, basándose en poseer principios similares en cuanto a la soberanía en su país. El hecho fue contrario a lo que había dictado la justicia de Nueva York a cargo de la jueza Loretta Preska, que en 2023 había condenado al Estado argentino a desembolsar 16 mil millones de dólares a los accionistas minoritarios.
Demás está remarcar que la decisión de recuperar las acciones de YPF generaron un impacto real en la balanza energética: se descubrió Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional y cuarta en petróleo en el mundo, se duplicó la producción de barriles de petróleo, y comenzó la curva ascendente en la recuperación del déficit energético.
Fuente: Infobae
De los críticos años de déficit por los que se impulsó la compra de las acciones en 2012 hacia la actualidad la curva es ascendente, solo salvaguardando el año 2022. Si bien el actual gobierno quiere adjudicarse el superávit energético, este no se explicaría no solo por la inversión en YPF, sino además por la inversión en los tubos para transportar los commodities: hablamos del gasoducto Nestor Kirchner inaugurados el 9 de julio de 2023, ahora llamado Perito Moreno, pero también de oleoductos y otros tramos, muchos de ellos completados durante la gestión de Alberto Fernández.
De todas formas, y pese a la desinversión durante el gobierno de Mauricio Macri, debido a la continuidad de los argumentos judiciales podemos estar hablando de la única política de Estado visible en la última década.
Fuente: EconoJournal
Retomando la aseveración sobre los dichos de otros gobiernos ante la compra de las acciones, tras este fallo el actual presidente volvió a recalcar que “expropiar está mal”. Por su parte, el diputado del PRO Cristian Ritondo recordó que su partido se opuso a dicha situación al mismo tiempo que volvió a criticar la metodología llevada a cabo por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof.
Sin embargo, toda esa saraza ideológica queda guardada en lugar más recóndito cuando llega el momento de llevar adelante las riendas del Estado, y utilizar los beneficios de ser el mayor accionista de una empresa que no solo crece año a año, si no que además les provee tranquilidad en el ingreso de divisas y en la reserva energética para el país.
De hecho, se ha popularizado el hecho de que el actual gobierno “solo vive de Vaca Muerta”. Este dicho se sostiene en que la minería representa gran parte del crecimiento del PBI durante el año 2025, y, que por ejemplo, el empleo crece principalmente en la provincia de Neuquén, donde está Vaca Muerta.
Con respecto al beneficio de las divisas -si bien no hablamos de una distribución del crudo o la energía al costo, sino de un modelo centrado en la exportación y un precio internacionalizado- aprovechar la llegada de estas provee respaldo para la moneda, que técnicamente se traduciría en menos inflación y por ende más estabilidad. Es decir, sólo desde esta óptica, ya es un aporte al bien común, aunque en solitario, sumado a otras múltiples variables, puede no ser suficiente para lograr un pasar próspero, como es el caso de la actualidad de la micro economía Argentina.
Esto probablemente fue contemplado por el presidente Javier Milei al inicio de su mandato, no porque crea en el bien común -el mismo lo ha negado-, sino porque lo único que podía cumplir entre sus promesas era cierta estabilidad cambiaria e inflacionaria. O por lo menos eso es lo que se deduce desde que recibió a brazos abiertos el plan de Federico Sturzenegger días después de ganar la elección. En esta instancia, nuevamente lo ideológico quedó de lado, no solo por no ser un plan anarcocapitalista, sino porque el primer blanco de amenazas previo a triunfar en el balotaje fue la propia YPF.
Ahora, de igual manera, sigue sosteniendo que no estuvo bien comprar las acciones de la empresa. ¿Por qué no la privatiza entonces? ¿Será que está siendo populista con sus dichos solo para seguir dándole circo a su núcleo duro, ya que pan no hay?
Semanas antes de esta resolución, elabogado en derecho internacional, Sebastián Soler, había anticipado en el programa Modo Fontevecchia que el fallo saldría favorable a la Argentina, ya que la justicia Estadounidense consideraba que “Kicillof tiene razón”.
“Lo justo es que falle a favor de la Argentina, porque tiene razón. Fue una ley aprobada de manera abrumadora por ambas cámaras, fue una decisión soberana y democrática del Estado argentino, que cumplió los 3 requisitos que impone la constitución nacional para expropiar: utilidad pública, (en este caso recuperar el abastecimiento, que se convirtió en una realidad), aprobación por congreso, e indemnizar al expropiado, cosa que se hizo en 2014 cuando se le pagó a Repsol”, explicó en primera instancia Soler.
“No puede el estatuto de una sociedad privada agregar un cuarto requisito, y eso es lo que hizo el estatuto de YPF modificado en el año 92 como parte del proceso de privatización cuando intenta exigir que si en algún momento el Estado vuelve a adquirir una mayoría de las acciones debe también ofrecer comprar las acciones de todos los demás, y no al precio de mercado, si no a un precio que surge de una fórmula que da 6 veces más que lo que valía la empresa en ese momento. Esto, bajo el derecho argentino no hay duda que no avanzaría”, continuó.
Textualmente, Soler anticipó cuando el fallo aún no había salido: “Yo creo que Argentina debería ganar. En primera instancia porque el fallo no debería estar allá. Incluso en la última audiencia los camaristas sonaban incómodos con tener que revisar nuevamente cuestiones de derecho argentino para las que no están preparados técnicamente. En segunda instancia Preska aplicó mal el derecho Argentino”.
En definitiva, la predicción del abogado que días después se volvió realidad, contiene un argumento fuertemente vinculable a la necesidad de YPF para el bien común y soberano del país. Incluso en términos ideológicos, los argumentos ponen en valor la necesidad de la soberanía Argentina y su razón como Estado al tomar la decisión de comprar las acciones para solucionar una urgencia como lo fue en aquel momento el déficit energético, pero también para lo que puede ser a futuro el motor de una gran industria.
Sin embargo, es importante mencionar que al caso probablemente le quede una instancia más, que es la Corte Suprema. Burford actualmente mueve sus papeles para que esta revise el fallo. Este hecho fue remarcado por el ex presidente de YPF, Pablo Gonzalez, en comunicación con Radio Trinchera:“Que el presidente diga que expropiar es un robo cuando la cámara lo que hizo es darle la razón al procedimiento argentino es malo para la estrategia Argentina incluso, ya que aún queda una instancia de revisión en la corte de Estados Unidos, la cual es difícil de pronosticar”.
“El único mérito que tienen (La gestión actual) es haber conservado el mismo estudio de abogados, que plantea los mismos argumentos desde 2015. Si vos ves la sentencia de 2015, valida los argumentos que se vienen teniendo desde aquel momento: que hay que aplicar la ley argentina, que la ley de expropiación (artículo 17 de la constitución) está por encima del estatuto de YPF, que no era correcto hacer una oferta pública de acciones en una expropiación, entre otras cosas”, profundizó además Gonzalez, en consonancia con los dichos de Soler.
En conclusión, si algo se puede destacar por sobre las idas y vueltas entre los distintos dirigentes que orbitan la política desde la recompra de YPF, es haber mantenido un mínimo de cordura en la defensa de los intereses del país para con el caso, hecho que hoy deja a un paso de su liberación total a la Argentina, con una empresa estratégica, en un mundo donde el crudo vuela como commoditie, pero es más necesario aún como recurso para los trabajadores del país.
De igual manera, Gonzalez también advirtió por la venta de otras pozos por parte del gobierno, algo que pasa desapercibido pero no hay que perder de vista, no solo por la injerencia que pueda tener en el presente, si no por el peligro de que se sistematice un proceso de venta a cuenta gotas.
