Por: Federico Lopardo
En la Argentina de 2026, atravesada por el avance del gobierno de Javier Milei y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el extractivismo adquiere una nueva escala. Lo que antes se justificaba como “progreso”, hoy se impone como única alternativa posible. Pero la realidad muestra otra cosa: más dependencia, más desigualdad y más destrucción territorial.
El mismo modelo, nuevas máscaras
La megaminería a cielo abierto, tal como se consolidó en la Argentina a partir de la década del noventa, continúa siendo el núcleo estructurante del actual esquema extractivo. Lejos de haber sido revisado, ese modelo se ha mantenido con notable continuidad, sostenido por un andamiaje jurídico, económico e institucional que garantiza la apropiación de los bienes comunes naturales por parte de grandes corporaciones transnacionales. La transferencia de recursos estratégicos, la existencia de marcos normativos diseñados para asegurar rentabilidades extraordinarias, los subsidios indirectos en energía, agua e infraestructura, y la persistente degradación ambiental y social en los territorios afectados, no constituyen anomalías sino condiciones de funcionamiento del sistema.
En este sentido, más que un cambio de rumbo, lo que se observa en la actualidad es una profundización y expansión del mismo patrón. El extractivismo minero ya no se limita a los metales tradicionalmente explotados: como oro, plata o cobre, sino que se proyecta sobre un conjunto más amplio de recursos considerados críticos para la economía global contemporánea. El litio, impulsado por la industria de las baterías y la electromovilidad, y el cobre a gran escala, asociado a la infraestructura energética, ocupan un lugar central en esta nueva fase.
A ellos se suman las denominadas tierras raras, un conjunto de 17 elementos fundamentales para el desarrollo de tecnologías avanzadas, desde dispositivos electrónicos hasta sistemas de defensa. Su creciente demanda a nivel mundial las posiciona como un recurso estratégico en la disputa geopolítica actual. Sin embargo, lejos de implicar una oportunidad de desarrollo autónomo, su explotación en países como Argentina tiende a reproducir las mismas lógicas de subordinación histórica.
Bajo el discurso de la “economía verde” y la transición energética, se legitima así una nueva ola de expansión extractiva que, en lo sustancial, no altera las relaciones de dependencia preexistentes. Se configura, de este modo, una renovada división internacional del trabajo en la cual nuestros territorios continúan siendo concebidos como proveedores de materias primas, mientras el valor agregado, el desarrollo tecnológico y la acumulación de riqueza se concentran en los centros de poder global. En definitiva, se trata de una actualización del viejo esquema: exportar naturaleza, importar dependencia.
El agua en el centro de la disputa
Si hay un eje capaz de condensar la conflictividad socioambiental en torno al extractivismo minero, ese es, sin dudas, el agua. Porque no se trata solamente de un mero recurso más dentro del proceso productivo, ya que en sí mismo se constituye como un elemento vital cuya disponibilidad, calidad y control definen las condiciones mismas de existencia de los territorios y las comunidades que los habitan.
La megaminería a cielo abierto, tal como se ha desplegado en nuestro país, se caracteriza por un uso intensivo y a gran escala de agua dulce. Millones de litros son utilizados de manera constante en los procesos de extracción y lixiviación, en muchos casos mediante la utilización de sustancias altamente tóxicas. Este esquema no solo implica un consumo desproporcionado en contextos donde el agua es un bien escaso, sino que además conlleva la contaminación de cuencas hídricas superficiales y subterráneas, la alteración de ciclos hidrológicos y la degradación de ecosistemas completos.
En regiones áridas y semiáridas, como buena parte de la cordillera argentina, esta dinámica adquiere una gravedad aún mayor. En esa región, el agua es la base que sostiene la agricultura, la ganadería, la vida cotidiana y la reproducción social de las comunidades, por lo tanto, no puede verse como un simple insumo productivo. En este marco, la expansión de la actividad minera configura una disputa directa por el acceso, uso y control de este bien común natural, generando tensiones profundas entre las lógicas extractivas y las formas de vida locales.
Las recientes modificaciones a la Ley de Glaciares, aprobadas en 2026, deben leerse en este contexto. Al flexibilizar las restricciones sobre actividades en zonas periglaciares, se habilita de hecho la intervención en áreas que cumplen un rol fundamental como reservas estratégicas de agua. Lejos de tratarse de un ajuste técnico o de una adecuación normativa, estas reformas expresan una redefinición de prioridades en la gestión del territorio.
Lo que está en juego es, en última instancia, el sentido político del agua: si será concebida como un bien común, indispensable para la vida y sujeto a criterios de protección colectiva, o como un recurso disponible para su explotación en función de la rentabilidad de actores concentrados a los que llamamos empresas trasnacionales. En ese dilema se inscribe buena parte de los conflictos actuales, y también las resistencias que emergen desde los territorios.
RIGI: soberanía en liquidación
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representa un punto de inflexión en la profundización del modelo extractivo en la Argentina de hoy. Se trata de un dispositivo que consolida y amplifica las condiciones estructurales que históricamente han permitido la apropiación externa de los bienes comunes naturales. No se trata simplemente de un conjunto de medidas destinadas a atraer capitales externos como se presenta mediáticamente.
Bajo este régimen, se establecen garantías excepcionales para las grandes corporaciones transnacionales: estabilidad fiscal prolongada, libre disponibilidad de divisas, marcos regulatorios flexibles y una significativa reducción de los controles estatales. Estas condiciones además de buscar asegurar la rentabilidad de las inversiones, también busca minimizar cualquier tipo de intervención pública que pudiera afectar sus intereses. De esta manera, el RIGI no inaugura una lógica nueva, pero sí la lleva a un nivel de formalización y profundidad inédito.
En términos concretos, lo que se configura es una creciente cesión de soberanía. Los territorios dejan de ser espacios organizados en función de un proyecto nacional para convertirse en plataformas de extracción subordinadas a las dinámicas del mercado global. La toma de decisiones estratégicas se desplaza progresivamente fuera del ámbito público, quedando condicionada por los requerimientos del capital transnacional.
Este proceso implica, a su vez, una transformación en el rol del Estado. Lejos de actuar como garante del interés colectivo, orientando el desarrollo en función de las necesidades sociales y territoriales, el Estado asume un papel cada vez más ligado a la facilitación de las condiciones para la inversión. Se redefine así su función, no como regulador de las asimetrías, sino como articulador de un esquema que prioriza la inserción subordinada en la economía global.
En este marco, el RIGI puede ser comprendido como la institucionalización de un modelo que profundiza la dependencia, debilita la capacidad de decisión soberana y consolida un patrón de acumulación basado en la explotación intensiva de los bienes comunes naturales. La discusión que plantea, por lo tanto, excede lo económico: remite a la pregunta por el tipo de país que se busca construir y por el lugar que ocupan sus territorios en esa definición.
Litio, cobre y territorios en conflicto
El avance de la frontera extractiva sobre el litio en el norte argentino y el desarrollo de grandes proyectos cupríferos a lo largo de la cordillera expresan con nitidez la fase actual del modelo. Se trata de una ampliación geográfica de la actividad minera y de una reconfiguración estratégica orientada a capturar aquellos recursos considerados clave en la dinámica económica global contemporánea.
Estos emprendimientos se localizan, en su mayoría, en territorios de alta sensibilidad ecológica. Las salinas y salares del noroeste, así como las zonas cordilleranas donde se proyecta la explotación de cobre a gran escala, constituyen ecosistemas complejos, con equilibrios frágiles y ciclos naturales estrechamente vinculados a la disponibilidad de agua. En estos espacios, además, habitan comunidades que sostienen formas de vida profundamente arraigadas al territorio, muchas de ellas pertenecientes a pueblos originarios, cuya reproducción social, cultural y económica depende directamente de esos entornos.
En este contexto, el despliegue de proyectos extractivos introduce tensiones que exceden lo estrictamente ambiental. Se trata de disputas por el sentido del territorio, por el control de los bienes comunes naturales y por las condiciones de posibilidad de las economías locales. En esas ecorregiones, donde se instalan estos megaemprendimientos extractivos, a modo de “canto de sirena”, las promesas de desarrollo reaparecen con un lenguaje conocido: generación de empleo, dinamización económica, llegada de inversiones. Sin embargo, la experiencia acumulada en distintas regiones del país permite problematizar esas afirmaciones.
Lejos de consolidar procesos de desarrollo sostenido, estos proyectos suelen generar una inserción laboral limitada y altamente dependiente, al tiempo que alteran o desplazan actividades productivas preexistentes, como la agricultura, la ganadería o el turismo. La renta generada tiende a concentrarse en actores externos, mientras que los costos: ambientales, sociales y económicos, permanecen en los territorios.
A esto se suman impactos que, en muchos casos, resultan difíciles o imposibles de revertir: modificación de acuíferos, afectación de salares, contaminación de suelos y pérdida de biodiversidad. De este modo, lo que se presenta como una oportunidad de crecimiento termina configurando escenarios de conflicto persistente, donde se enfrentan dos racionalidades: una orientada a la maximización de la rentabilidad en el corto plazo y otra ligada a la reproducción de la vida en el territorio.
Es en esa tensión donde se inscribe la conflictividad actual, y donde se vuelve visible que la discusión sobre el litio y el cobre no es únicamente económica o tecnológica, sino profundamente ética y política.
Extractivismo y colonialismo: una misma historia
Lejos de constituir una novedad, el actual despliegue del extractivismo debe ser comprendido como parte de una continuidad histórica más profunda. Desde los inicios del orden colonial, los territorios de Nuestra América han sido incorporados a la economía mundial como espacios de provisión de materias primas, subordinados a las necesidades de acumulación de los centros de poder. Aquella matriz, inaugurada de manera paradigmática en experiencias como la de Potosí, no ha desaparecido: se ha transformado, adaptándose a las distintas fases del capitalismo, pero manteniendo su lógica esencial.
En esa larga duración histórica, el territorio ha sido sistemáticamente concebido como una superficie disponible para la extracción intensiva, antes que como un espacio de vida. Las poblaciones locales han sido, en distintos momentos, desplazadas, subordinadas o integradas de manera desigual a estos procesos, mientras que la naturaleza ha sido reducida a un conjunto de recursos susceptibles de ser apropiados, valorizados y exportados. El extractivismo contemporáneo, aun con sus innovaciones tecnológicas y sus nuevas formas de gestión, reproduce estas dinámicas estructurales.
Lo que se presenta hoy como un modelo necesario para el desarrollo o como una oportunidad en el marco de la transición energética global, se inscribe en esa misma racionalidad. La creciente demanda de minerales críticos, vinculada a las tecnologías “verdes”, no altera el patrón de fondo: continúa organizando una división internacional del trabajo en la cual los países periféricos asumen el rol de proveedores de insumos básicos, mientras que los beneficios asociados a la industrialización, la innovación y la acumulación se concentran en otras geografías.
La novedad, en todo caso, radica en los discursos que acompañan este proceso. La apelación a la sustentabilidad, a la mitigación del cambio climático o a la necesidad de una transición energética global opera como un nuevo dispositivo de legitimación. Sin embargo, detrás de estas narrativas, persiste una estructura de poder que reproduce desigualdades históricas y profundiza formas de dependencia. En este sentido, más que una ruptura, asistimos a una actualización de la relación entre extractivismo y colonialismo, ahora revestida de un lenguaje acorde a los desafíos del presente.
Patria o saqueo, hoy
La disyuntiva que atravesó distintos momentos de nuestra historia vuelve a presentarse con fuerza en el presente. No como una consigna anclada en el pasado, sino como una clave de lectura para interpretar las transformaciones actuales de este determinado “modelo de subdesarrollo” y sus implicancias. La tensión entre un proyecto orientado a la autodeterminación para un desarrollo nacional y popular, y otro basado en la subordinación estructural continúa vigente, aunque adopta formas más complejas y, en muchos casos, menos visibles.
En el escenario contemporáneo, el saqueo ya no se expresa únicamente como una imposición externa directa. Se configura también a partir de decisiones internas, de marcos normativos que habilitan determinadas prácticas, de discursos técnicos que las legitiman y de promesas de modernización que buscan construir consenso. De este modo, la lógica extractiva se naturaliza, se vuelve parte del sentido común, y dificulta la identificación de sus efectos de largo plazo.
Frente a esta situación, el desafío no se limita a la resistencia, aunque esta siga siendo fundamental y estratégica, sino que exige una comprensión más profunda del contexto en el que se inscribe. Implica desentrañar las nuevas formas de legitimación del modelo, problematizar sus supuestos y abrir el horizonte a otras formas posibles de organización económica, social y territorial. Se trata, en definitiva, de disputar el sentido del desarrollo y de recuperar la capacidad colectiva de decidir sobre los destinos comunes.
Lo que está en juego excede la cuestión de los bienes comunes mal llamados recursos naturales. Remite a la posibilidad de construir un proyecto de país con soberanía política, con independencia económica, con justicia social y con una relación sustentable con su base material. En ese marco, la pregunta por la Patria adquiere una dimensión concreta: no es abstracción ni retórica chauvinista, es cultura, territorio, es comunidad organizada y es horizonte político.
Y en esa disputa, atravesada por intereses contrapuestos y visiones antagónicas, no hay lugar para la neutralidad.
