Por: Melina Vanesa Gay
En los tiempos que corren, donde la alimentación representa un desafío, desde lo económico y desde el acceso a alimentos saludables y nutritivos -más aún si pensamos en las infancias y en los ancianos- el paradigma de la Soberanía Alimentaria se torna fundamental como herramienta de trabajo que garantice el acceso a alimentos adecuados culturalmente, de cercanía y a precios justos que abonen al crecimiento de la economía local solidaria en los territorios.
Los niños y niñas se encuentran en el centro de la crisis: Según el último reporte del INDEC, la pobreza infantil (niños de 0 a 14 años) se ubica en el 41,3%, mientras que informes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (abril 2026) advierten que casi 3 de cada 10 niños experimentan inseguridad alimentaria. Esto significa que un alto porcentaje de las infancias argentinas no accede a la calidad o cantidad de nutrientes necesarios para su desarrollo.
Para entender de que hablamos, la Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países, a definir sus políticas agrícolas y de alimentación, sin imposiciones de países terceros. Este concepto es propuesto por la Vía Campesina en 1996, ofreciendo desde y para el campesinado y las organizaciones sociales de los países empobrecidos, una alternativa a las políticas que anteponen intereses del mercado internacional a las necesidades alimentarias de los pueblos y poder erradicar la desnutrición y el hambre.
Por otra parte, el concepto de seguridad alimentaria emerge en la década de 1970 en el marco de los debates impulsados por organismos internacionales vinculados a la alimentación y la agricultura, particularmente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F.A.O.). En sus orígenes, este enfoque estuvo centrado en la disponibilidad de alimentos a escala global, priorizando la dimensión de la oferta. Durante la década de 1980, la noción se amplía incorporando el acceso económico y físico a los alimentos, para finalmente, en los años noventa, ser reconocida como parte del derecho humano a una alimentación adecuada. No obstante, en su formulación predominante, la seguridad alimentaria se ha traducido en un conjunto de políticas nutricionales y asistenciales que, si bien necesarias, resultan insuficientes para abordar las causas estructurales del hambre.
En contraste, la Soberanía Alimentaria propone una perspectiva más integral y dinámica, que interroga las relaciones de poder en el sistema agroalimentario y coloca en el centro la capacidad de los pueblos para decidir sobre la producción, distribución y consumo de sus alimentos. En este sentido, sin soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria se vuelve necesariamente dependiente y, por lo tanto, frágil. La pregunta que se impone, entonces, no es solo cuánto alimento se produce, sino quién controla las condiciones en que ese alimento es producido, distribuido y consumido.
Para trabajar desde este enfoque, las ciencias naturales, las humanas, las formales, junto a aquellas que garanticen marcos legales y políticas públicas, sumado a los saberes populares y cosmovisiones de los pueblos originarios, se tornan fundamentales en el abordaje de la Soberanía Alimentaria.
Desde el enfoque de “Una Salud”, donde el ambiente se relaciona directamente con el Sumak Kawsay de los pueblos (un concepto ancestral quichua que significa "Buen Vivir" o "Vida Plena") y con la calidad nutricional de los alimentos, se produce un quiebre, si somos conscientes del daño ambiental provocado por los modelos extractivistas que determinan los modos de producción de los alimentos a través de la agricultura industrial y ganadería intensiva.
Además, con estos modelos de producción hegemónicos, que desconocen las realidades de las productoras y productores de pequeña y de mediana escala, se afianza el deterioro de las economías locales por imposición de precios de terceros o políticas que no favorecen a la agricultura familiar y al campesinado, como el acceso a la tierra.
En este escenario, la construcción de la soberanía alimentaria exige un abordaje integral que trascienda los límites disciplinares y convoque a un diálogo sostenido entre saberes científicos, técnicos y territoriales. Las Universidades Públicas, en tanto instituciones estratégicas en la producción y democratización del conocimiento, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a este proceso, desde la investigación, extensión y docencia, desde la formación crítica y el compromiso con las problemáticas concretas de los territorios. Asimismo, resulta imprescindible interpelar a quienes ocupan espacios de decisión para promover marcos normativos y políticas públicas que no se limiten a respuestas coyunturales, sino que apunten a transformar las condiciones estructurales del sistema agroalimentario, fortaleciendo prácticas productivas y organizativas orientadas al bienestar colectivo.
Como semillas del futuro, pensando en el rol de la educación, la respuesta reside en la agroecología: poner en valor las semillas criollas y proteger la salud de quienes producen y consumen. Es urgente llevar este debate a los espacios educativos para cuestionar el modelo de monocultivos transgénicos y agrotóxicos que deterioran nuestros bienes comunes naturales. La tierra y el agua deben ser protegidas para las generaciones futuras. La Soberanía Alimentaria no es solo una proclamación, es el horizonte necesario para que el alimento vuelva a ser un derecho y no una mercancía inalcanzable para millones de argentinos.
Sin embargo, este cambio de paradigma no puede quedar librado a la buena voluntad de los productores o a la caridad de las organizaciones sociales. La resolución de la crisis alimentaria es, ante todo, un acto de soberanía política: requiere de un Estado presente que asuma el compromiso de legislar y ejecutar políticas públicas que pongan el bienestar del pueblo por encima del lucro corporativo. Es necesaria la participación política activa para transformar estas demandas en marcos legales que protejan el acceso a la tierra, regulen los precios y fomenten la agricultura familiar, campesina e indígena.
Melina Vanesa Gay es Médica Veterinaria, Magister en Salud Pública, Profesora Adjunta en Salud Pública FCV-UNR, y Coordinadora Acadadémica por la Facultad de Ciencias Veterinarias en la CALISA UNR.
