Por: Federico Lopardo
En los últimos años, la agroecología dejó de ser una práctica marginal para convertirse en una palabra en circulación creciente. Aparece en políticas públicas, en discursos empresariales, en ferias locales y en propuestas educativas. Sin embargo, lejos de tratarse de un concepto neutral, la agroecología se encuentra hoy en un terreno de disputa.
Esa disputa no es meramente semántica. Es, en esencia, una disputa por el sentido de la producción de alimentos, por el rol de quienes producen y por el destino de lo producido.
La agricultura, como práctica humana, tiene una historia milenaria. Nace ligada a los saberes de los pueblos que, a lo largo de generaciones, domesticaron semillas, seleccionaron variedades y construyeron formas de producción adaptadas a sus territorios. Durante siglos, producir alimentos estuvo vinculado a la reproducción de la vida. Sin embargo, con el avance de la agricultura industrial basada en monocultivos de eventos transgénicos, paquetes tecnológicos, mecanización intensiva y uso sistemático de insumos químicos derivados del petróleo como fertilizantes y venenos a los que llamamos agrotóxicos, esa lógica comenzó a transformarse profundamente.
El actual modelo agroindustrial no solo reorganizó la forma de producir, sino también la forma de concebir la tierra, las semillas y los alimentos: ya no como bienes comunes naturas y culturales o como derechos, sino como mercancías. En ese marco, la agroecología emerge, hacia fines del siglo XX, como respuesta a los impactos ambientales, sociales y sanitarios de ese modelo.
Pero aquí es donde se vuelve necesario precisar: no existe una única agroecología.
Por un lado, se desarrolla una perspectiva que reduce la agroecología a una cuestión técnica: eliminar o disminuir el uso de agroquímicos, incorporar prácticas “más amigables” con el ambiente, o las sínicamente llamadas “buenas prácticas agrícolas” (BPA), sin cuestionar las estructuras de fondo del sistema productivo. Desde esta mirada, es posible hablar de una “pseudo-agroecología empresarial”, compatible con la concentración de la tierra, la lógica exportadora y la subordinación de la producción de alimentos a las reglas del mercado.
Por otro lado, se construyen otras agroecologías con bases territoriales, que no se limitan a las técnicas, sino que interrogan el conjunto del sistema agroalimentario. Estas perspectivas ponen en el centro la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir qué producir, cómo producir y para quién producir. En este sentido, la discusión ya no es solo cómo se cultiva, sino quién controla la tierra, quién define las semillas, cómo se organizan los circuitos de comercialización y quiénes acceden efectivamente a los alimentos.
La diferencia entre ambas miradas no es menor. Mientras una se adapta al modelo dominante, la otra lo cuestiona.
En este sentido, pensar la agroecología implica necesariamente abordar problemas estructurales: la creciente concentración de la tierra, que expulsa a pequeños productores y dificulta el acceso a quienes quieren producir; la dependencia de semillas industrializadas, muchas veces sujetas a lógicas de propiedad y mercado; la destrucción de ecosistemas en función de la expansión de monocultivos; y la intermediación comercial que reduce el ingreso de quienes producen y encarece el acceso para quienes consumen.
A su vez, cualquier proyecto agroecológico que pretenda ser integral no puede omitir las relaciones sociales que atraviesan el mundo rural. Las desigualdades de género, la sobrecarga de trabajo en mujeres y diversidades, y su histórica invisibilización forman parte de la estructura productiva y deben ser abordadas como parte del proceso de transformación.
En este escenario, la agroecología no ofrece recetas universales. Se construye en cada territorio, en diálogo con sus condiciones ecológicas, sociales y culturales. Sin embargo, existen horizontes comunes: garantizar el acceso a la tierra, proteger las semillas nativas y criollas, fortalecer circuitos de comercialización directa, y promover formas de producción que prioricen la vida por sobre la rentabilidad.
Esto nos lleva a una pregunta de fondo: ¿la producción de alimentos es un negocio o un derecho?
La respuesta a esta pregunta organiza el tipo de sistema agroalimentario que se construye. Si se prioriza la rentabilidad, los alimentos quedan subordinados a las lógicas del mercado global. Si se prioriza el derecho a la alimentación, entonces la producción debe orientarse a satisfacer necesidades sociales, respetando los territorios y fortaleciendo a quienes históricamente han sostenido la agricultura.
La agroecología, en su sentido más profundo, se inscribe en esta segunda perspectiva. No como una alternativa marginal, sino como parte de un proyecto más amplio que busca reordenar las relaciones entre sociedad, naturaleza y producción.
Por eso, más que una técnica, la agroecología es una práctica social en construcción. Y, como toda construcción social, está atravesada por conflictos, intereses y disputas.
Reconocer esa disputa no debilita la propuesta agroecológica; por el contrario, la vuelve más clara. Porque permite comprender que no alcanza con cambiar insumos por bioprepardos, si no se transforman las relaciones que estructuran el sistema agroalimentario.
En definitiva, lo que está en juego no es solo cómo producimos, sino qué proyecto de sociedad queremos sostener como nación soberana. Y en ese debate, la agroecología ocupa hoy un lugar central.
